EL
MUNDO
8 octubre
2018
La
mano invisible de la industria en la ciencia
Cristina G. Lucio
La dimisión del oncólogo Josep Baselga,
que omitió lazos financieros en artículos de investigación, ha reabierto el
debate sobre las relaciones de muchas empresas con la investigación biomédica.
¿Afectan estos vínculos a los estudios?
A veces, lo más importante de un artículo científico está
justo al final; en la letra pequeña, en esa última diapositiva que nadie mira
en los congresos. Es ahí donde los autores declaran sus conflictos de interés,
donde se señala quién y cómo se ha financiado la investigación. Esa información
es fundamental para interpretar las conclusiones del trabajo y averiguar hasta
qué punto pueden estar influenciadas, pero a menudo pasa desapercibida, como un
mero trámite al que no hay que prestar demasiada atención.
Hace unas semanas, sin embargo, esa letra pequeña se
convirtió en grandes titulares protagonizados por Josep Baselga,
uno de los oncólogos españoles con más prestigio internacional, que tuvo que
renunciar a su puesto como director médico del Memorial Sloan
Kettering Cancer Center de
Nueva York después de que se hiciera público que había omitido sus vínculos
financieros con distintas empresas farmacéuticas.
El escándalo, que se ha dejado oír en todo el mundo, no sólo
ha supuesto un varapalo para la reputación del reconocido investigador, sino
que también ha colocado el foco sobre un debate que suele permanecer en la
sombra: el de los lazos que unen a la investigación biomédica con muchas
empresas. ¿Son estas relaciones transparentes? ¿Afectan a los resultados de los
estudios? ¿Deben vigilarse más?
Tras la renuncia de Baselga -que
sostiene que sus vínculos no han influido de ninguna manera en sus decisiones
como científico y que no haberlos declarado se debió a una «inconsistencia» y
no a ningún interés espurio-, varios científicos e instituciones se han
pronunciado -no todos públicamente- tanto en defensa del oncólogo como de la
integridad de la investigación, que también se ha visto en el ojo del huracán.
«Cualquier científico de cierto nivel tiene relaciones con
la industria, no es algo exclusivo de Baselga. Las
empresas financian estudios, solicitan asesoramiento, pagan congresos... El
problema aquí no está en esas relaciones, que son habituales, sino en no
declararlas», resume un investigador que no quiere entrar públicamente en el
debate. Como él, otros tres científicos de primer nivel no han querido comentar
abiertamente un asunto que consideran espinoso.
Josep Tabernero, jefe del servicio de Oncología Médica del
Hospital Vall d'Hebron de
Barcelona, sí subrayaba hace unos días en las páginas de este diario que el
error cometido por Baselga no debe empañar el
conjunto de su trayectoria como médico e investigador ni hacer que se ponga en
duda «el valor del trabajo de los investigadores para el beneficio de los
pacientes».
«Que el doctor Baselga haya tenido
una actuación incorrecta en las normas de transparencia de declaración de
intereses en algunos de los artículos científicos publicados puede llevar a
algunas personas a pensar que todas sus actuaciones son incorrectas. Y esto no
es cierto. Es oportuno recordar que ha sido uno de los investigadores que más
ha contribuido a mejorar los tratamientos del cáncer de mama en los últimos 20
años», señaló.
Por su parte, el Colegio de Médicos de Barcelona recordó en
un comunicado que «la existencia de posibles conflictos de intereses es
frecuente en investigación biomédica», dado que muchas veces es la industria
quien promueve y financia la realización de estudios científicos. Pero esa
relación, señalaba el texto, «no implica que los resultados de la investigación
estén comprometidos o no sean válidos».
Otras voces, sin embargo, señalan que el caso debe servir
como ejemplo de que falta claridad, de que las relaciones entre la industria y
la ciencia son demasiado estrechas y hacen falta mecanismos de control para
garantizar la independencia y la imparcialidad de la investigación. Lo ocurrido
con Baselga, señalan, es la penúltima gota en un vaso
en el que, en los últimos tiempos, han caído otras polémicas muy sonadas, como
la suscitada por el sello de la Asociación Española de Pediatría a una
determinada marca de galletas.
«No estoy de acuerdo en que el único problema de los
conflictos de interés sea la falta de transparencia, que por supuesto es
importante», señala Ildefonso Hernández, especialista en Salud Pública que ha
estudiado a fondo el tema y no entra a valorar el caso concreto de Baselga. «Hay que controlar las relaciones con la industria
porque está demostrado que los sesgos se producen, que los estudios que reciben
financiación son más proclives a arrojar resultados favorables a la compañía
que les apoya».
El año pasado, por ejemplo, una revisión publicada en la
revista científica Cochrane analizó 75 estudios sobre
fármacos y dispositivos médicos realizados entre 2010 y 2015. Sus conclusiones
mostraron que los estudios que habían sido financiados por la industria eran
más tendentes a arrojar resultados positivos que el resto.
Recientemente, una investigación española publicada en el
European Journal of Public Health también señaló que publicaciones financiadas por
Coca-Cola mostraban en sus conclusiones afirmaciones que se alineaban con las
estrategias de márketing de la compañía.
En ese sentido, Carlos González, especialista en
Epidemiología del cáncer del ICO y uno de los firmantes del trabajo, considera
que estas evidencias demuestran hasta qué punto los tentáculos de la industria
pueden manejar la investigación, por lo que reclama una regulación de estas
relaciones; especialmente en áreas como la Nutrición, «donde los conflictos de
intereses son especialmente patentes y preocupantes».
Fuentes de la empresa de bebidas han señalado en relación al
estudio que «en todas las colaboraciones se garantiza totalmente la
independencia de las sociedades científicas y de las universidades. [...] Nunca
intervenimos en los resultados ni en la actividad de ninguno de los aspectos
relacionados con las sociedades científicas y universidades, que tienen sus
propios mecanismos de actividad y control y de realización de estudios».
Para Ildefonso Hernández, el principal problema en este
ámbito es que tanto en la investigación como en la formación de los
profesionales, las empresas cumplen un papel cada vez más preponderante.
Según los datos del Primer informe sobre la investigación e
innovación en cáncer en España, presentado el pasado mes de septiembre, en
nuestro país un 76% de los ensayos clínicos relacionados con la oncología están
patrocinados por la industria, un porcentaje que se sitúa en el 49% en Francia
y alcanza el 65% en Reino Unido.
En la misma línea, un trabajo observacional
publicado en The British
Medical Journal esta misma semana ponía en duda que en la investigación
financiada por empresas aclare siempre de forma adecuada cuál es el papel
cumplido por la entidad financiadora a la hora de diseñar la investigación o
analizar los resultados obtenidos, algo clave para garantizar su independencia.
«Es la industria, y no las instituciones, quien está fijando
la agenda, quien está marcando qué se investiga y cómo es la actualización de
los profesionales», subraya Hernández, que lamenta que «hoy por hoy nadie se
esté preocupando en que haya una mayor imparcialidad e independencia en la
generación del conocimiento y su aplicación a la práctica».
Por su parte, Fernando Carballo, presidente de la Federación
de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), cree que «es necesario
mejorar la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas en
cuanto a los conflictos de intereses».
A día de hoy, señala, la declaración de las relaciones con
la industria se limita en muchos casos a la letra pequeña de un artículo
científico o a la última diapositiva que se pasa rápidamente durante una presentación
en un congreso.
«Pero debería ser algo más. Es necesario promover una
cultura de transparencia cooperativa y que las declaraciones sean reales, que
se explique qué dinero se ha recibido, cómo se ha gestionado y cuál ha sido su
finalidad», señala Carballo, quien subraya que eso también es tarea de las
sociedades científicas, algunas de las cuales dependen en gran medida de la
financiación de la industria.
En España, no hay ninguna ley que obligue a las compañías a
detallar qué fondos destinan a la ciencia o los facultativos, aunque desde el
año pasado la patronal española de laboratorios, Farmaindustria,
informa de forma voluntaria de los pagos que realiza a profesionales u
organizaciones sanitarias en concepto de formación, congresos, asesorías y, sin
entrar en detalles, a proyectos de investigación.
Tampoco hay una normativa que exija a los investigadores
hacer declaraciones de sus conflictos de interés. Esta obligación únicamente
está recogida en el código ético de la mayoría de las sociedades científicas,
así como par parte de las revistas biomédicas, que lo exigen como condición
para publicar un trabajo, pero no investigan su cumplimiento.
Pero la realidad es que la declaración de los conflictos de
intereses no se produce en muchos casos, tal y como puso de manifiesto un
reciente estudio publicado en Jama Oncology. Según
sus datos, obtenidos tras analizar 43 publicaciones sobre el cáncer realizadas
por 344 investigadores en revistas de prestigio, un tercio de los profesionales
no informa adecuadamente de sus relaciones con la industria.
Varios estudios han demostrado que esta omisión no tiene por
qué deberse a intereses ocultos, sino que está muy relacionada con el
desconocimiento de los códigos éticos y el convencimiento de que los vínculos
con la industria no influyen en ningún modo en su trabajo. El problema, explica
Carlos Fernández, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, es que
en muchos casos, aunque sea de forma inconsciente, el sesgo sí se produce.
«La restricción progresiva de los fondos públicos está
obligando a llegar a consorcios o partenariados con
el sector privado, que en algunos casos pueden estar justificados», apunta
Ildefonso Hernández. «Pero hay que arreglar muy bien esas uniones. No se trata
sólo de declarar y ser transparentes. En todos los casos debería haber un
comité de buen gobierno, en el que figure también gente ajena a la institución,
que vigile y haga un informe anual sobre cómo se manejan los conflictos de
interés y si tienen consecuencias las malas prácticas», añade.
Carlos González va más allá y pide una regulación que impida
que puedan crearse determinados lazos entre empresas y ciencia: «Hoy nadie
aceptaría un congreso de cáncer financiado por la industria tabaquera. Pues lo
mismo debería suceder en otras áreas sensibles».